Desde 2025, México empezó a exigir que las plataformas digitales de reparto y transporte afilien a sus trabajadores al IMSS. En papel, suena como una conquista histórica para un sector que llevaba años sin ninguna protección social. En la práctica, la mayoría sigue sin recibir el beneficio real.

La cifra que revela el hueco de la reforma

Al cierre de mayo de 2026, el IMSS reportó más de 1.5 millones de personas “beneficiadas” por esta reforma. Pero solo 12.7% de ese total logró superar el umbral de ingreso neto mensual necesario para acceder a los servicios completos del instituto —el resto queda registrado en el sistema, sin acceso real a atención médica.

El requisito que deja fuera a la mayoría

Para calificar, un repartidor debe alcanzar al menos un salario mínimo mensual como ingreso neto —unos 9,582 pesos desde enero de 2026—, y el umbral exacto varía según el medio de transporte que use: quien trabaja en carro necesita ganar más que quien reparte en bicicleta o motocicleta. Quien no llega a ese ingreso queda clasificado como trabajador independiente, con protección solo contra riesgos de trabajo durante las horas conectadas a la aplicación, sin el resto de las prestaciones.

Esto conecta con algo que ya vimos sobre las nuevas formas de generar ingreso fuera del empleo formal tradicional: la economía de plataformas sigue creciendo más rápido que el marco legal que intenta protegerla.

Lo que sí ya se ganó, aunque sea parcial

Por primera vez, en 2026 los repartidores y conductores que sí cumplen los requisitos de ingreso y horas trabajadas podrán cobrar reparto de utilidades (PTU), un derecho que antes les era completamente ajeno. Es un avance real, aunque todavía distante de la cobertura universal que la reforma prometía en su anuncio original.

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